La Ley 26/2007 establece la responsabilidad de las empresas (en la terminología de la Ley, Operadores), en relación a los daños ambientales producidos o que puedan producirse, imponiéndoles determinadas obligaciones preventivas, y, en su caso, reparadoras.
La cuantía de la garantía debe fijarse mediante un Análisis de Riesgos Medioambientales (ARMA).
El plazo que exige Ley de Responsabilidad Medioambiental para la entrega de la garantía financiera a aquellas empresas catalogadas como Prioridad 2 expira el 31 de octubre de este año.
Las empresas potencialmente contaminantes incluidas en el grupo Prioridad 2 tienen hasta el 31 de octubre de 2019 para presentar la garantía financiera que exige la Ley de Responsabilidad Medioambiental.
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