España, bajo la lupa europea por la gestión de aguas residuales y residuos urbanos
- La vigente Directiva de Aguas Residuales Urbanas, aprobada en el 2024, incorpora nuevas obligaciones: abordar contaminantes emergentes como los PFAS y los principios activos farmacéuticos (APIs), tanto en los sistemas públicos de saneamiento como en el sector industrial.
- Las advertencias de Bruselas llegan acompañadas de procedimientos sancionadores y de un llamamiento a acelerar la inversión en infraestructuras clave.
La Comisión Europea ha vuelto a señalar a España por sus carencias en la gestión medioambiental, especialmente en dos frentes clave: el tratamiento de las aguas residuales urbanas y el reciclaje de los residuos municipales.
En su último informe sobre la aplicación de las políticas ambientales, Bruselas advierte que el país sigue enfrentándose a dificultades significativas para cumplir la directiva europea sobre aguas residuales. Pese a los avances conseguidos gracias a la financiación comunitaria, cerca de 450 aglomeraciones urbanas todavía no cumplen con los requisitos de recogida y tratamiento exigidos, lo que ha derivado en varios procedimientos de infracción y sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión reclama que se ejecuten sin demora los proyectos pendientes para alcanzar los estándares europeos, incluyendo tratamientos más avanzados en zonas de mayor riesgo de contaminación por nutrientes como nitrógeno y fósforo.
Reciclaje: objetivos incumplidos y riesgo de sanciones
El análisis comunitario también evidencia el retraso de España en materia de residuos. El país no alcanzó el objetivo de reciclar el 50% de los desechos municipales fijado para 2020, situándose en un 39% en 2022, lejos de la media europea (49%) y de las metas establecidas para 2025 (55%).
Además, persisten vertederos ilegales o en situación irregular, lo que ha motivado la apertura de nuevos expedientes sancionadores. La Comisión subraya la urgencia de mejorar la recogida separada, sobre todo de residuos orgánicos, e implementar medidas como el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), previsto en la Ley de Residuos de 2022, para alcanzar el 90% de recuperación de envases en 2029.
El informe también estima que España necesita una inversión adicional de 10.800 millones de euros anuales (0,81% del PIB) para poder cumplir con los objetivos medioambientales comunitarios, una cifra superior a la media europea.
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