Aprobada la nueva ley de residuos y suelos contaminados
La norma, basada en los principios de la economía circular y las directrices europeas, se ha aprobado este martes en el consejo de ministros.
El consejo de ministros ha aprobado el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que se remitirá a las cortes para su tramitación parlamentaria. El texto legal pretende seguir los mandatos de la Unión Europea en materia de gestión de residuos, con el telón de fondo de la economía circular.
La nueva norma tiene el objetivo de alargar la vida de los residuos lo máximo posible, reduciendo su depósito en vertederos. Cabe destacar que según datos de la Memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos de Competencia Municipal de 2018 publicada por el Ministerio de Transición Ecológica, España generó en ese año (las últimas cifras disponibles) más de 20 millones de toneladas de residuos urbanos, de los que el 53,4% acabaron en un vertedero, mientras que tan solo el 18% se destinaron a reciclaje y el 17% a compostaje. El 11,6% restante fueron incineradas. Estos datos colocan a nuestro país a la cola de Europa en materia de gestión de residuos.
Para corregir esta mala praxis, la nueva ley establece un impuesto al depósito en vertedero, a la coincineración e incineración que, en función del tipo de residuos, irá desde 1,5 a 40 euros por tonelada métrica, con el fin de fomentar la reutilización de estos residuos. Otra medida del texto es la limitación a determinados plásticos de un solo uso, restringiendo la introducción en el mercado de alguno de ellos y estableciendo un impuesto para avanzar en la reducción de los envases de plástico no reutilizables, que será de 0,45 euros por kilogramo y recaerá en la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria de estos envases.
Otras medidas pasan por la reducción del desperdicio alimentario y de la obsolescencia programada.
Eliminación del amianto
La nueva ley de residuos y suelos contaminados también incluye un plan para eliminar el amianto de los edificios, que obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada antes del 1 de enero de 2023. Esta medida se ajusta a las directrices de la Unión Europea, que establece como objetivo para 2032 la localización y el desmantelamiento de todas las instalaciones e infraestructuras que contengan amianto.
Los proyectos de eliminación del amianto deben llevarse a cabo con unas estrictas medidas de seguridad, ya que el desmontaje y gestión de este material puede suponer riesgos para la salud si no se hace correctamente.
Suelos contaminados
En el capítulo de suelos contaminados, la ley mantiene la normativa en cuanto a las actividades potencialmente contaminantes, al procedimiento de declaración, a los inventarios de suelos contaminados y a la determinación de los sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de los suelos. Como novedad se ha incluido el Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos.