La Ley de Responsabilidad Medioambiental obliga a las empresas potencialmente contaminantes a asegurar que dispondrán de dinero suficiente para reparar posibles daños al medioambiente.

A las empresas con mayor riesgo de potencial contaminación les quedan apenas cinco meses para presentar la garantía financiera. La Ley de Responsabilidad Medioambiental recoge la obligación de las actividades potencialmente contaminantes (incluidas en el AnexoIII del texto legal) de presentar una garantía financiera por posible perjuicio ambiental. La garantía financiera es un instrumento que asegura que estas empresas dispondrán de recursos económicos suficientes para hacer frente a los costes de las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales derivados de su actividad.

El plazo de presentación de la garantía financiera varía según el tipo de actividad que realice la empresa, tal y como recoge la orden APM/1040/2017. Para ello se han clasificado las actividades por orden de prioridad.

El grupo Prioridad 1 incluye las actividades que trabajan con sustancias peligrosas y que podrían provocar accidentes graves (SEVESO). También las instalaciones de combustión con una potencia térmica igual o superior a 50 MW y las instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos con una capacidad de más de 10 toneladas por día. Este grupo tiene como fecha límite para constituir la garantía financiera hasta el 31 de octubre de este 2018.

Entre las actividades catalogadas como Prioridad 2 están refinerías de petróleo y gas y algunos tipos de producción y transformación de metales, de industria química y de gestión de residuos. Éstas tienen un año más de margen, hasta el 31 de octubre de 2019.

Las actividades de Prioridad 3 todavía no tienen un plazo estipulado aunque se espera que se publique antes de que finalice el año.

Si no se constituye la garantía financiera, se podría considerar como infracción grave y supondría una multa de entre 50.000 y 2 millones de euros y la extinción o suspensión de la autorización por un periodo de 1 a 2 años.

La fijación de la cuantía de la garantía financiera obligatoria se calcula mediante un Análisis de Riesgos Medioambientales (ARA) que sirve para monetizar el valor de la reparación de los potenciales daños al medio ambiente.

ESOLVE ofrece sus servicios a las empresas de diferentes sectores para evaluar y dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Medioambiental y para realizar los Análisis de Riesgos correspondientes. Además, brinda la posibilidad de implantar un programa de mejora ambiental para mitigar los riesgos identificados y así minimizar responsabilidades futuras.