29 Dic Las aguas subterráneas, elemento clave frente al cambio climático
Las aguas subterráneas, elemento clave frente al cambio climático
El calentamiento global influye de manera negativa en la cantidad y la calidad de la disponibilidad hídrica
Cada vez llueve peor y es consecuencia del cambio climático. Además de un incremento de las temperaturas, en los últimos años se está observando un aumento de la irregularidad en el régimen de precipitaciones como efecto del calentamiento global. El aumento en la recurrencia e intensidad de los fenómenos extremos, inundaciones y sequías, genera un impacto negativo muy importante en la oferta y demanda de agua.
Esta irregularidad en el régimen de precipitaciones impacta de manera especial en las aguas subterráneas. La capacidad de recarga de los acuíferos se ve reducida por dos aspectos principales, por un lado, la propia disminución del régimen ordinario de precipitaciones, que difícilmente se compensa por la recarga con los episodios de precipitaciones torrenciales. Por otro lado, el incremento de la evapotranspiración, el fenómeno que aúna la evaporación y la transpiración de las plantas y que reduce la capacidad de infiltración de agua en el suelo. Por tanto, se espera que la disponibilidad de agua subterránea vaya disminuyendo a medida que se intensifique el calentamiento global.
El aumento de temperatura de la tierra provoca también un aumento de la demanda de agua, especialmente en el sector agrícola por efecto de una mayor evapotranspiración.
Se debe tener en cuenta que el cambio climático no sólo afecta a los aspectos cuantitativos de las aguas subterráneas, sino que se pueden dar casos de pérdida de calidad del agua en los acuíferos. El ejemplo más visible es la salinización de los acuíferos costeros, que se produce por una intrusión marina favorecida por la disminución de los niveles piezométricos y por un mayor aprovechamiento de las aguas subterráneas.
España es el quinto país del mundo en número de grandes presas, pero es en los episodios de déficit hídrico cuando se recurre al aprovechamiento de las aguas subterráneas, de ahí la tendencia a calificar a las aguas subterráneas de recurso estratégico. Pero los escenarios de cambio climático obligan a empezar a tratar a esos recursos estratégicos casi como ordinarios. Es necesario, por tanto, fortalecer las herramientas de gestión integrada, analizando la disponibilidad de cada una de las fuentes de agua (superficial, subterránea, regenerada, desalada) y planteando el mix de agua en cada momento y lugar bajo un concepto de resiliencia y minimización del riesgo. Y para ello estamos obligados a incrementar nuestro conocimiento de las aguas subterráneas y de su comportamiento ante situaciones extraordinarias.
Saber cómo se comporta cada una de las masas de agua subterráneas, qué volumen pueden aportar al sistema hídrico de forma sostenible, a qué presión se ven sometidas actualmente y en el futuro y cómo puede impactar el cambio climático en los acuíferos es un deber al que tenemos que hacer frente de manera inmediata. Para adquirir ese conocimiento e implantar las herramientas de gestión necesarias se han de invertir recursos y medios, de lo contrario, nos encontraremos ante situaciones en las que las aguas subterráneas no puedan ser tratadas ni siquiera como un recurso estratégico.
El departamento de Hidrogeología y Recursos Hídricos de ESOLVE tiene un amplio conocimiento sobre el comportamiento de las aguas subterráneas y es experto tanto en el estudio como en la gestión de este recurso.
Queremos potenciar esta sede por dos razones: la primera, estar más cerca de nuestros clientes, ya que muchos de ellos tienen sus centros de decisiones en Madrid, estar presentes con un equipo profesional allí da una proximidad que supone un valor añadido a nuestro servicio. La segunda razón es logística, la centralidad geográfica de Madrid nos va a permitir acceder a cualquier punto del país donde debamos actuar de manera más eficiente. Actualmente disponemos de un equipo profesional en la capital que se está encargando de los trabajos que tenemos en ejecución en la zona centro del país. Esto nos permite seguir creciendo a medida que lo hagan también los proyectos.
Nos encontramos ante un problema que va a tener una gran repercusión y que va a requerir de grandes esfuerzos en los próximos años. Estar preparados para analizarlos, para caracterizarlos y para proponer medidas para su remediación es uno de los puntos que merecen mayor atención.
Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) son contaminantes emergentes de gran interés a escala mundial porque existe evidencia de sus efectos perjudiciales para la salud humana. Se trata de un grupo de agentes químicos utilizado en una variedad de industrias en todo el mundo, especialmente en aplicaciones para recubrimientos textiles, en utensilios de cocina o en materiales de construcción, y son sumamente persistentes en el medio ambiente y en el cuerpo humano; es decir que no se degradan y pueden acumularse con el paso del tiempo. Recientemente, los PFAS se han considerado en la propuesta de la nueva Directiva de agua potable de la UE con un valor límite de 0,1 μg/L para PFAS individual y 0,5 μg/L para PFAS en total. En Europa se han reportado varios sitios con aguas contaminadas por PFAS que exceden los valores antes mencionados.
El foco de preocupación por el impacto del cambio climático se centra en el aumento de las temperaturas y en la modificación del régimen de precipitaciones, incrementando la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. Pero también hay que considerar el impacto del cambio climático en otros entornos y aspectos, igualmente sensibles e importantes para el medio ambiente y que no reciben tanta atención mediática. Uno de ellos es el subsuelo, donde el cambio climático también tiene un impacto importante, tanto en el componente suelo como en el componente de las aguas subterráneas.
El suelo tiene una implicación importante en la liberación de CO2 en la atmósfera, ya que actúa como barrera de emisión y sumidero de este gas, además de ser el sustrato de las especies vegetales, que son uno de los principales mecanismos de absorción de CO2. La pérdida de suelo y de su calidad, limita esa capacidad de sumidero y de sustento de la vida vegetal. Por tanto, la conservación del suelo y su mantenimiento en el mejor estado posible es una obligación de todos para luchar contra el cambio climático.
La Directiva Europea 2000/60/CE establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y supone un reto, tanto para España como para al resto de países de la UE, por el objetivo de conseguir el buen estado de las masas de agua en el plazo marcado. Centrándonos en las aguas subterráneas en España la sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación difusa por nitratos son los principales escollos a superar. De hecho, la mayoría de los borradores de los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027 publicados —y que actualmente se encuentran en fase de exposición pública—, focalizan sus actuaciones y esfuerzos en las aguas subterráneas en la problemática de la contaminación por nitratos.
Las soluciones globales pasan, exclusivamente, por el establecimiento de redes de control para poder monitorizar en detalle la evolución de la contaminación y, sobre todo, la implantación de prácticas agrarias y ganaderas que limiten el uso excesivo de fertilizantes y la disposición inadecuada de las deyecciones ganaderas. En emplazamientos focalizados se puede plantear la utilización de métodos de biorremediación para reducir las concentraciones de nitratos, con el objeto de limitar la afección de una posible contaminación en pozos de abastecimiento de agua potable o bien, plantear técnicas y tratamientos específicos para rebajar la concentración de nitratos en aguas ya captadas y que vayan a ser inyectadas en redes de abastecimiento.
La nueva norma tiene el objetivo de alargar la vida de los residuos lo máximo posible, reduciendo su depósito en vertederos. Cabe destacar que según datos de la Memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos de Competencia Municipal de 2018 publicada por el Ministerio de Transición Ecológica, España generó en ese año (las últimas cifras disponibles) más de 20 millones de toneladas de residuos urbanos, de los que el 53,4% acabaron en un vertedero, mientras que tan solo el 18% se destinaron a reciclaje y el 17% a compostaje. El 11,6% restante fueron incineradas. Estos datos colocan a nuestro país a la cola de Europa en materia de gestión de residuos.
La nueva ley de residuos y suelos contaminados también incluye un plan para eliminar el amianto de los edificios, que obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada antes del 1 de enero de 2023. Esta medida se ajusta a las directrices de la Unión Europea, que establece como objetivo para 2032 la localización y el desmantelamiento de todas las instalaciones e infraestructuras que contengan amianto.