19 May Aprobada la nueva ley de residuos y suelos contaminados
Aprobada la nueva ley de residuos y suelos contaminados
La norma, basada en los principios de la economía circular y las directrices europeas, se ha aprobado este martes en el consejo de ministros.
El consejo de ministros ha aprobado el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que se remitirá a las cortes para su tramitación parlamentaria. El texto legal pretende seguir los mandatos de la Unión Europea en materia de gestión de residuos, con el telón de fondo de la economía circular.
La nueva norma tiene el objetivo de alargar la vida de los residuos lo máximo posible, reduciendo su depósito en vertederos. Cabe destacar que según datos de la Memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos de Competencia Municipal de 2018 publicada por el Ministerio de Transición Ecológica, España generó en ese año (las últimas cifras disponibles) más de 20 millones de toneladas de residuos urbanos, de los que el 53,4% acabaron en un vertedero, mientras que tan solo el 18% se destinaron a reciclaje y el 17% a compostaje. El 11,6% restante fueron incineradas. Estos datos colocan a nuestro país a la cola de Europa en materia de gestión de residuos.
Para corregir esta mala praxis, la nueva ley establece un impuesto al depósito en vertedero, a la coincineración e incineración que, en función del tipo de residuos, irá desde 1,5 a 40 euros por tonelada métrica, con el fin de fomentar la reutilización de estos residuos. Otra medida del texto es la limitación a determinados plásticos de un solo uso, restringiendo la introducción en el mercado de alguno de ellos y estableciendo un impuesto para avanzar en la reducción de los envases de plástico no reutilizables, que será de 0,45 euros por kilogramo y recaerá en la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria de estos envases.
Otras medidas pasan por la reducción del desperdicio alimentario y de la obsolescencia programada.
Eliminación del amianto
La nueva ley de residuos y suelos contaminados también incluye un plan para eliminar el amianto de los edificios, que obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada antes del 1 de enero de 2023. Esta medida se ajusta a las directrices de la Unión Europea, que establece como objetivo para 2032 la localización y el desmantelamiento de todas las instalaciones e infraestructuras que contengan amianto.
Los proyectos de eliminación del amianto deben llevarse a cabo con unas estrictas medidas de seguridad, ya que el desmontaje y gestión de este material puede suponer riesgos para la salud si no se hace correctamente.
Suelos contaminados
En el capítulo de suelos contaminados, la ley mantiene la normativa en cuanto a las actividades potencialmente contaminantes, al procedimiento de declaración, a los inventarios de suelos contaminados y a la determinación de los sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de los suelos. Como novedad se ha incluido el Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos.
La Ley 26/2007 establece la responsabilidad de las empresas (en la terminología de la ley, Operadores), en relación a los daños ambientales producidos o que puedan producirse, imponiéndoles determinadas obligaciones preventivas, y, en su caso, reparadoras. La indicada ley, que tiene como antecedentes el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental, así como la Directiva 2004/35/CE, prevé un despliegue paulatino, de forma que determinadas obligaciones serán imperativas a partir del mes de octubre de 2021.
La normativa se aplica tanto a los daños medioambientales como a las amenazas inminentes de que ocurran cuando hayan sido causados por cualquier empresa en el Anexo III de la ley, independientemente de que tenga o no culpa o exista negligencia por su parte. También se aplican las obligaciones de la ley a otras actividades no previstas en el Anexo III cuando sí exista culpa o negligencia o cuando puedan exigirse medidas de prevención y evitación.
El contenido de la Responsabilidad de los Operadores está definida en el artículo 9 y esencialmente los obliga a establecer medidas de prevención, evitación y reparación y a cooperar con las autoridades competentes, además de ampliar la responsabilidad a otras empresas del grupo, en caso de grupos de sociedades (art. 10).
La falta de cumplimiento de tales obligaciones puede comportar la entrada en juego del régimen sancionador de la ley, que prevé multas para las sanciones muy graves de 50.001 a 2.000.000 euros y para las sanciones graves de 10.001 a 50.000 euros.
La Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 anunció la adopción de una nueva estrategia de suelos en 2021 a causa de la degradación a la que están sometidos «debido a la gestión insostenible, la sobreexplotación, el cambio climático y la contaminación”, declara la Comisión Europea en una nota. El objetivo es abordar de manera integral los problemas relacionados con el suelo y la tierra y restaurar a un “estado saludable” la misma cantidad de suelo que ha sido degradado por actividad humana. Para el desarrollo de esta nueva estrategia, la CE ha puesto en marcha una 
El calendario fijado por el Ministerio para la Transición Ecológica para la presentación de la Garantía Financiera Obligatoria termina dentro de un año, el 16 de octubre de 2021. Esta garantía es obligatoria para todas las actividades potencialmente contaminantes, según dicta la Ley 26/2007, y sirve para asegurar que la empresa podrá hacer frente a las medidas necesarias para reparar un posible daño medioambiental causado por su actividad. Entre estas medidas se contemplan aquellas necesarias para prevenirlos o, cuando el daño se haya producido, para limitarlo y evitar que se produzcan nuevos daños, así como devolver los recursos naturales dañados a al estado en el que se encontraban antes de que ocurriera el daño.
Las energías renovables han ido tomando fuerza en los últimos años impulsadas por la concienciación de toda la sociedad de la necesidad de proteger el entorno y las políticas públicas desarrolladas. Está claro que los combustibles fósiles tienen poco desarrollo ya y que las energías verdes son el futuro. Cada vez estamos más acostumbrados a ver parques fotovoltaicos o eólicos en el paisaje, pero desconocemos dónde pueden construirse. ¿Cualquier lugar sirve para instalar un parque de energía renovable? No, existen una serie de condicionantes legales y técnicos que definen qué terrenos son válidos para este tipo de instalaciones.
Para cumplir con los requisitos ambientales es fundamental realizar un correcto Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que identifique y valore los posibles impactos al medioambiente del proyecto.
En el estudio geotécnico hay varios puntos clave a tener en cuenta antes de instalar un parque eólico o fotovoltaico. Uno de ellos es el de las cimentaciones, que en el caso de los parques eólicos resulta especialmente importante debido a las altas cargas aplicadas. Es importante conocer bien las características del suelo donde debe ir la instalación para determinar qué tipo de cimentación es la más adecuada. También conviene tener en cuenta aspectos como los riesgos geológicos de la zona, como deslizamientos, seísmos, inundaciones, etc. Otros aspectos como la corrosividad pueden afectar a los materiales utilizados en la construcción y perjudicar su durabilidad.
Ahora que la COVID-19 nos ha hecho pasar más tiempo en casa, la elección de la vivienda ha ganado peso para la mayoría de las personas. El confort del hogar se puede medir en base a diferentes aspectos, desde la ubicación al espacio, la luz, el diseño, etc., pero hay algo en lo que poca gente piensa a la hora de elegir casa: la calidad del suelo sobre el que está construida y los posibles contaminantes que puede contener y que afectan a la salud.
Un ejemplo es el caso del gas radón en edificios, que ha sido regulado recientemente por el Código Técnico de la Edificación (CTE). El radón es un gas radioactivo de origen natural que en espacios cerrados puede registrarse concentraciones elevadas, accediendo a través de grietas o fisuras en el hormigón de los cimientos de una casa. Al ser incoloro, inodoro e insípido es muy difícil de detectar, por lo que se acumula en el interior de las viviendas y pone en riesgo la salud de las personas que las habitan, ya que puede provocar cáncer, de hecho, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gas radón se sitúa como la segunda causa más común de cáncer de pulmón, después del tabaco.
Como cada 5 de junio ESOLVE quiere celebrar el Día Mundial del Medioambiente manteniendo su compromiso con el cuidado del entorno. La compañía ha adoptado varias medidas de desempeño ambiental en el último año que han conseguido hacer más sostenible la actividad de la empresa.