20 Sep Proteger el suelo para mitigar el cambio climático
Proteger el suelo para mitigar el cambio climático
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La desertización y la pérdida de suelo afectan gravemente a la biodiversidad y al sustento de la vida terrestre.
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El suelo actúa como barrera de emisión y sumidero de CO
El cambio climático es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad y buscar soluciones para mitigar sus consecuencias está en la agenda de muchos gobiernos e instituciones. Esta emergencia ambiental afecta gravemente al subsuelo y su protección es clave para paliar sus efectos.
Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en agosto de 2021, los cambios observados en el clima en todas las regiones del mundo no tienen precedentes en cientos de miles de años, y algunos ellos, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Esta situación requiere medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera inmediata y a gran escala, de lo contrario, limitar el calentamiento a cerca de 1,5º C o incluso a 2º C será un objetivo inalcanzable.
El foco de preocupación por el impacto del cambio climático se centra en el aumento de las temperaturas y en la modificación del régimen de precipitaciones, incrementando la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. Pero también hay que considerar el impacto del cambio climático en otros entornos y aspectos, igualmente sensibles e importantes para el medio ambiente y que no reciben tanta atención mediática. Uno de ellos es el subsuelo, donde el cambio climático también tiene un impacto importante, tanto en el componente suelo como en el componente de las aguas subterráneas.
El suelo constituye el hábitat propio de entre el 25 y el 30% de la biodiversidad, además del sustento del resto de la vida terrestre, y el cambio climático incide directamente sobre él de una manera dramática mediante la desertización y la pérdida de suelo. El aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación propician la pérdida de la cobertura vegetal que, además, se ve agravada por un incremento de los incendios forestales. Los eventos torrenciales posteriores favorecen la generación de procesos erosivos intensos y generan una pérdida mayor de esos suelos, ya desertificados.
El suelo tiene una implicación importante en la liberación de CO2 en la atmósfera, ya que actúa como barrera de emisión y sumidero de este gas, además de ser el sustrato de las especies vegetales, que son uno de los principales mecanismos de absorción de CO2. La pérdida de suelo y de su calidad, limita esa capacidad de sumidero y de sustento de la vida vegetal. Por tanto, la conservación del suelo y su mantenimiento en el mejor estado posible es una obligación de todos para luchar contra el cambio climático.
Dedicar esfuerzos a proteger los suelos, fijándolos y asegurando su buen estado cualitativo, evitando salinizaciones, acidificaciones y contaminaciones, debe ser otro de los retos que el planeta debe enfrentar de manera inmediata. Desarrollar acciones para tener una cobertura de suelo sana es una de las medidas de mitigación del cambio climático más efectivas.
La Directiva Europea 2000/60/CE establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y supone un reto, tanto para España como para al resto de países de la UE, por el objetivo de conseguir el buen estado de las masas de agua en el plazo marcado. Centrándonos en las aguas subterráneas en España la sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación difusa por nitratos son los principales escollos a superar. De hecho, la mayoría de los borradores de los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027 publicados —y que actualmente se encuentran en fase de exposición pública—, focalizan sus actuaciones y esfuerzos en las aguas subterráneas en la problemática de la contaminación por nitratos.
Las soluciones globales pasan, exclusivamente, por el establecimiento de redes de control para poder monitorizar en detalle la evolución de la contaminación y, sobre todo, la implantación de prácticas agrarias y ganaderas que limiten el uso excesivo de fertilizantes y la disposición inadecuada de las deyecciones ganaderas. En emplazamientos focalizados se puede plantear la utilización de métodos de biorremediación para reducir las concentraciones de nitratos, con el objeto de limitar la afección de una posible contaminación en pozos de abastecimiento de agua potable o bien, plantear técnicas y tratamientos específicos para rebajar la concentración de nitratos en aguas ya captadas y que vayan a ser inyectadas en redes de abastecimiento.
La nueva norma tiene el objetivo de alargar la vida de los residuos lo máximo posible, reduciendo su depósito en vertederos. Cabe destacar que según datos de la Memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos de Competencia Municipal de 2018 publicada por el Ministerio de Transición Ecológica, España generó en ese año (las últimas cifras disponibles) más de 20 millones de toneladas de residuos urbanos, de los que el 53,4% acabaron en un vertedero, mientras que tan solo el 18% se destinaron a reciclaje y el 17% a compostaje. El 11,6% restante fueron incineradas. Estos datos colocan a nuestro país a la cola de Europa en materia de gestión de residuos.
La nueva ley de residuos y suelos contaminados también incluye un plan para eliminar el amianto de los edificios, que obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada antes del 1 de enero de 2023. Esta medida se ajusta a las directrices de la Unión Europea, que establece como objetivo para 2032 la localización y el desmantelamiento de todas las instalaciones e infraestructuras que contengan amianto.
En el capítulo de suelos contaminados, la ley mantiene la normativa en cuanto a las actividades potencialmente contaminantes, al procedimiento de declaración, a los inventarios de suelos contaminados y a la determinación de los sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de los suelos. Como novedad se ha incluido el Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos.
La Ley 26/2007 establece la responsabilidad de las empresas (en la terminología de la ley, Operadores), en relación a los daños ambientales producidos o que puedan producirse, imponiéndoles determinadas obligaciones preventivas, y, en su caso, reparadoras. La indicada ley, que tiene como antecedentes el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental, así como la Directiva 2004/35/CE, prevé un despliegue paulatino, de forma que determinadas obligaciones serán imperativas a partir del mes de octubre de 2021.
La normativa se aplica tanto a los daños medioambientales como a las amenazas inminentes de que ocurran cuando hayan sido causados por cualquier empresa en el Anexo III de la ley, independientemente de que tenga o no culpa o exista negligencia por su parte. También se aplican las obligaciones de la ley a otras actividades no previstas en el Anexo III cuando sí exista culpa o negligencia o cuando puedan exigirse medidas de prevención y evitación.
El contenido de la Responsabilidad de los Operadores está definida en el artículo 9 y esencialmente los obliga a establecer medidas de prevención, evitación y reparación y a cooperar con las autoridades competentes, además de ampliar la responsabilidad a otras empresas del grupo, en caso de grupos de sociedades (art. 10).
La falta de cumplimiento de tales obligaciones puede comportar la entrada en juego del régimen sancionador de la ley, que prevé multas para las sanciones muy graves de 50.001 a 2.000.000 euros y para las sanciones graves de 10.001 a 50.000 euros.
La Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 anunció la adopción de una nueva estrategia de suelos en 2021 a causa de la degradación a la que están sometidos «debido a la gestión insostenible, la sobreexplotación, el cambio climático y la contaminación”, declara la Comisión Europea en una nota. El objetivo es abordar de manera integral los problemas relacionados con el suelo y la tierra y restaurar a un “estado saludable” la misma cantidad de suelo que ha sido degradado por actividad humana. Para el desarrollo de esta nueva estrategia, la CE ha puesto en marcha una 
El calendario fijado por el Ministerio para la Transición Ecológica para la presentación de la Garantía Financiera Obligatoria termina dentro de un año, el 16 de octubre de 2021. Esta garantía es obligatoria para todas las actividades potencialmente contaminantes, según dicta la Ley 26/2007, y sirve para asegurar que la empresa podrá hacer frente a las medidas necesarias para reparar un posible daño medioambiental causado por su actividad. Entre estas medidas se contemplan aquellas necesarias para prevenirlos o, cuando el daño se haya producido, para limitarlo y evitar que se produzcan nuevos daños, así como devolver los recursos naturales dañados a al estado en el que se encontraban antes de que ocurriera el daño.