La optimización del uso del agua es uno de los principales retos a los que se enfrentan las industrias hoy en día. El sector industrial es un gran consumidor de los recursos hídricos y, por tanto, tiene la responsabilidad de hacer un buen uso. En un momento en el que el agua es un bien escaso y donde los episodios de sequía son cada vez más recurrentes, se vislumbra un futuro en el que las empresas se pueden ver obligadas a reducir el uso del agua. Ante este escenario, la industria se enfrenta al reto de ahorrar en su consumo manteniendo el nivel de producción.

Hacer una “auditoría de agua” es una de las opciones a las que recurren cada vez más empresas. La elaboración de estos estudios, junto con el desarrollo de planes de ahorro para reducir el consumo de su actividad industrial en situaciones de falta de agua, tiene múltiples beneficios para las compañías.

El objetivo de las auditorias del agua es hacer un análisis sobre el uso que hacen las industrias de los recursos hídricos dentro de su proceso productivo. Por un lado, se estudian los consumos con el objeto de detectar posibles ineficiencias y/o pérdidas de agua. Por otro lado, se analiza la disponibilidad de agua, considerando las distintas fuentes de abastecimiento existentes y la calidad necesaria del agua para el desarrollo del proceso industrial. En este último punto se proponen modificaciones, si fuera necesario, en el “mix de agua” para optimizar disponibilidad y costes y, finalmente, se analizan los parámetros de vertido, para cumplir con todos los condicionantes ambientales existentes. El objetivo final de este tipo de estudios es proponer mejoras en el uso, disponibilidad y control del agua, analizando, incluso, posibles vías de reutilización dentro del proceso industrial y buscando alternativas para evitar el uso de agua potable. Y todo ello bajo una perspectiva de mejor aprovechamiento de los recursos, repercutiendo en una significativa reducción de costes de producción.

Además, es necesario considerar que ante un episodio de estrés hídrico las administraciones hidráulicas requieren la reducción de los consumos industriales y la presentación de planes de ahorro. Por ello, aquellas empresas que hayan auditado su consumo de agua y hayan tomado medidas al respecto serán más resilientes, verán menos afectada su capacidad productiva y tendrán mayor garantía de suministro en caso de sequía.

Por último, y no menos importante, hacer un buen uso del agua es una acción de Responsabilidad Ambiental Empresarial, cada vez más necesaria y valorada por los clientes y consumidores.

Hay que considerar también que la realización de una auditoría del agua puede facilitar el acceso a subvenciones y líneas de financiación. En un momento en el que se están planteando mecanismos de financiación pública como, por ejemplo, el PERTE del ciclo del agua, tener diagnosticadas las líneas de mejora podrá facilitar el acceso a los fondos económicos necesarios para llevar a cabo las mejoras planteadas.

ESOLVE cuenta con un equipo experto y cualificado en la protección y control de la calidad del agua, así como en la realización de auditorías, dispuesto a ayudar a aquellas empresas interesadas en optimizar el uso del agua en sus procesos industriales e implementar sistemas que optimicen los recursos hídricos.

Hoy, 17 de junio, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Según el informe de la ONU “Drought in numbers 2022”, el número y la duración de las sequías han aumentado un 29% desde el año 2000, y esta tendencia va a seguir aumento los próximos años por efecto del cambio climático. De hecho, este estudio expone que en las próximas décadas habrá 129 países (más del 65% del total) que experimentarán un aumento en la exposición a la sequía.

En este contexto se hace imprescindible asumir y reiterar que cada gota cuenta. Por ello, la vigilancia del buen estado, el control, la gestión y, sobre todo, el buen uso de los recursos hídricos se convierte en una necesidad para minimizar el impacto de las sequías. En un entorno geográfico y climático como el español, los expertos alertan que las sequías van a ser fenómenos ordinarios y que vamos a tener que aprender a convivir con la falta de agua.

Para minimizar las consecuencias, es necesario cambiar la visión, la gestión y el uso del agua, y lograr que la sociedad, las administraciones públicas y el sector privado trabajen de forma conjunta y remen en la misma dirección. Por un lado, la ciudadanía debe tomar acciones concretas adaptando la demanda de agua a la disponibilidad de cada momento y haciendo un uso más responsable. Además, es imprescindible tener la capacidad y la resiliencia necesaria para tomar las medidas que minimicen el impacto de la falta de recursos hídricos. Por otro lado, las entidades suministradoras deben actuar considerando la elaboración e implantación de Planes de Emergencia que dicten cómo operar en situación de falta de recursos, así como mejorar la red de forma periódica evitar pérdidas. Además, los sectores productivos deben considerar elaborar Planes de Ahorro que permitan reducir la huella hídrica de sus productos ante una situación de falta de agua. Por último, las administraciones deben ser las responsables de velar por cuidar y gestionar adecuadamente los recursos.

El equipo de ESOLVE está plenamente concienciado con la crisis climática que vive el planeta y la necesidad de proteger el agua. Por ello, tiene una amplia experiencia trabajando en la protección y control de la calidad de las aguas, diseñando e implementando sistemas e instalaciones para minimizar el impacto de las actividades humanas en el medio hídrico. ESOLVE asesora a sus clientes con planes, estudios y auditorías para la mejora del aprovechamiento del agua dentro de su proceso productivo o de distribución y acompaña a las administraciones hidráulicas en la planificación y gestión de los recursos hídricos, especialmente en la propia gestión de episodios de sequía.

Jordi Barrachina

Delegado zona centro

Las aguas subterráneas, elemento clave frente al cambio climático

El calentamiento global influye de manera negativa en la cantidad y la calidad de la disponibilidad hídrica

Cada vez llueve peor y es consecuencia del cambio climático. Además de un incremento de las temperaturas, en los últimos años se está observando un aumento de la irregularidad en el régimen de precipitaciones como efecto del calentamiento global. El aumento en la recurrencia e intensidad de los fenómenos extremos, inundaciones y sequías, genera un impacto negativo muy importante en la oferta y demanda de agua.

Esta irregularidad en el régimen de precipitaciones impacta de manera especial en las aguas subterráneas. La capacidad de recarga de los acuíferos se ve reducida por dos aspectos principales, por un lado, la propia disminución del régimen ordinario de precipitaciones, que difícilmente se compensa por la recarga con los episodios de precipitaciones torrenciales. Por otro lado, el incremento de la evapotranspiración, el fenómeno que aúna la evaporación y la transpiración de las plantas y que reduce la capacidad de infiltración de agua en el suelo. Por tanto, se espera que la disponibilidad de agua subterránea vaya disminuyendo a medida que se intensifique el calentamiento global.

El aumento de temperatura de la tierra provoca también un aumento de la demanda de agua, especialmente en el sector agrícola por efecto de una mayor evapotranspiración.

Se debe tener en cuenta que el cambio climático no sólo afecta a los aspectos cuantitativos de las aguas subterráneas, sino que se pueden dar casos de pérdida de calidad del agua en los acuíferos. El ejemplo más visible es la salinización de los acuíferos costeros, que se produce por una intrusión marina favorecida por la disminución de los niveles piezométricos y por un mayor aprovechamiento de las aguas subterráneas.

España es el quinto país del mundo en número de grandes presas, pero es en los episodios de déficit hídrico cuando se recurre al aprovechamiento de las aguas subterráneas, de ahí la tendencia a calificar a las aguas subterráneas de recurso estratégico. Pero los escenarios de cambio climático obligan a empezar a tratar a esos recursos estratégicos casi como ordinarios. Es necesario, por tanto, fortalecer las herramientas de gestión integrada, analizando la disponibilidad de cada una de las fuentes de agua (superficial, subterránea, regenerada, desalada) y planteando el mix de agua en cada momento y lugar bajo un concepto de resiliencia y minimización del riesgo. Y para ello estamos obligados a incrementar nuestro conocimiento de las aguas subterráneas y de su comportamiento ante situaciones extraordinarias.

Saber cómo se comporta cada una de las masas de agua subterráneas, qué volumen pueden aportar al sistema hídrico de forma sostenible, a qué presión se ven sometidas actualmente y en el futuro y cómo puede impactar el cambio climático en los acuíferos es un deber al que tenemos que hacer frente de manera inmediata. Para adquirir ese conocimiento e implantar las herramientas de gestión necesarias se han de invertir recursos y medios, de lo contrario, nos encontraremos ante situaciones en las que las aguas subterráneas no puedan ser tratadas ni siquiera como un recurso estratégico.

El departamento de Hidrogeología y Recursos Hídricos de ESOLVE tiene un amplio conocimiento sobre el comportamiento de las aguas subterráneas y es experto tanto en el estudio como en la gestión de este recurso.

Proteger el suelo para mitigar el cambio climático

  • La desertización y la pérdida de suelo afectan gravemente a la biodiversidad y al sustento de la vida terrestre.

  • El suelo actúa como barrera de emisión y sumidero de CO

El cambio climático es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad y buscar soluciones para mitigar sus consecuencias está en la agenda de muchos gobiernos e instituciones. Esta emergencia ambiental afecta gravemente al subsuelo y su protección es clave para paliar sus efectos.

Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en agosto de 2021, los cambios observados en el clima en todas las regiones del mundo no tienen precedentes en cientos de miles de años, y algunos ellos, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Esta situación requiere medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera inmediata y a gran escala, de lo contrario, limitar el calentamiento a cerca de 1,5º C o incluso a 2º C será un objetivo inalcanzable.

El foco de preocupación por el impacto del cambio climático se centra en el aumento de las temperaturas y en la modificación del régimen de precipitaciones, incrementando la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. Pero también hay que considerar el impacto del cambio climático en otros entornos y aspectos, igualmente sensibles e importantes para el medio ambiente y que no reciben tanta atención mediática. Uno de ellos es el subsuelo, donde el cambio climático también tiene un impacto importante, tanto en el componente suelo como en el componente de las aguas subterráneas.

El suelo constituye el hábitat propio de entre el 25 y el 30% de la biodiversidad, además del sustento del resto de la vida terrestre, y el cambio climático incide directamente sobre él de una manera dramática mediante la desertización y la pérdida de suelo. El aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación propician la pérdida de la cobertura vegetal que, además, se ve agravada por un incremento de los incendios forestales. Los eventos torrenciales posteriores favorecen la generación de procesos erosivos intensos y generan una pérdida mayor de esos suelos, ya desertificados.

El suelo tiene una implicación importante en la liberación de CO2 en la atmósfera, ya que actúa como barrera de emisión y sumidero de este gas, además de ser el sustrato de las especies vegetales, que son uno de los principales mecanismos de absorción de CO2. La pérdida de suelo y de su calidad, limita esa capacidad de sumidero y de sustento de la vida vegetal. Por tanto, la conservación del suelo y su mantenimiento en el mejor estado posible es una obligación de todos para luchar contra el cambio climático.

Dedicar esfuerzos a proteger los suelos, fijándolos y asegurando su buen estado cualitativo, evitando salinizaciones, acidificaciones y contaminaciones, debe ser otro de los retos que el planeta debe enfrentar de manera inmediata. Desarrollar acciones para tener una cobertura de suelo sana es una de las medidas de mitigación del cambio climático más efectivas.

 

La contaminación invisible debajo de casa

Certificar la correcta calidad del suelo antes de construir es un elemento de valor para el constructor, el promotor y el propietario del edificio.

 

Ahora que la COVID-19 nos ha hecho pasar más tiempo en casa, la elección de la vivienda ha ganado peso para la mayoría de las personas. El confort del hogar se puede medir en base a diferentes aspectos, desde la ubicación al espacio, la luz, el diseño, etc., pero hay algo en lo que poca gente piensa a la hora de elegir casa: la calidad del suelo sobre el que está construida y los posibles contaminantes que puede contener y que afectan a la salud.

Para prevenir las consecuencias que un suelo contaminado puede tener para las personas es fundamental realizar un Estudio de Calidad del Suelo antes de edificar en él. Este análisis tiene algunos aspectos en común con un estudio geotécnico, pero tienen objetivos diferentes, por lo que es importante que cada uno de ellos se realice por profesionales expertos en la materia. Una diagnosis parcial implica sobrecostes en parada de obra, incremento en la partida de gestión de residuos e incluso penalizaciones económicas por incumplimiento de plazos de entrega.

El estudio ambiental está regulado por normativa sectorial medioambiental como el RD 9/2005 o la Ley de Residuos y Suelos contaminados y gracias a él se pueden encontrar varios contaminantes que pueden afectar en el futuro a la salud de las personas que habiten el edificio a través de la intrusión de vapores.

Un ejemplo es el caso del gas radón en edificios, que ha sido regulado recientemente por el Código Técnico de la Edificación (CTE).  El radón es un gas radioactivo de origen natural que en espacios cerrados puede registrarse concentraciones elevadas, accediendo a través de grietas o fisuras en el hormigón de los cimientos de una casa. Al ser incoloro, inodoro e insípido es muy difícil de detectar, por lo que se acumula en el interior de las viviendas y pone en riesgo la salud de las personas que las habitan, ya que puede provocar cáncer, de hecho, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gas radón se sitúa como la segunda causa más común de cáncer de pulmón, después del tabaco.

En esta nueva sección del CTE se establece el nivel nacional de referencia para las concentraciones de radón en recintos cerrados y se recogen las medidas reglamentarias para limitar la penetración del radón en los edificios en función del municipio en que se ubiquen estos.

Más allá de las medidas constructivas que dictamina el CTE, ESOLVE ayuda en la correcta diagnosis de la presencia de gas radón, así como otros contaminantes que pueden poner en riesgo no sólo la salud de las personas, sino también el correcto Plan de Obra y acarrear consecuencias legales importantes, como la obligación de realizar y costear las operaciones de descontaminación y recuperación del suelo una vez finalizada la construcción.

Por estos motivos, es necesario contar con profesionales que puedan realizar un exhaustivo análisis del estado ambiental del suelo antes de llevar a cabo los planes de construcción.

Las empresas catalogadas como prioridad 3 tendrán que presentar la garantía financiera antes de 2 años

La cuantía de la garantía debe fijarse mediante un Análisis de Riesgos Medioambientales (ARMA).

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el calendario al que deben ceñirse las empresas catalogadas como prioridad 3 en la Orden ARM/17783/2011, de 22 de junio, para presentar la garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que desarrollan. Estas compañías tienen un plazo de dos años, hasta el 16 de octubre de 2021, para presentar esta garantía. La única excepción son las actividades de cría intensiva de aves de corral o de cerdos, en cuyo caso el plazo se extiende a 3 años, hasta octubre de 2022.

La garantía financiera es un mecanismo que permite asegurar que las empresas potencialmente contaminantes podrán hacer frente a las medidas necesarias para paliar a los daños medioambientales que pudieran causar debido a su actividad. Entre estas medidas se contemplan aquellas necesarias para prevenirlos o, cuando el daño se haya producido, para limitarlo y evitar que se produzcan nuevos daños, así como devolver los recursos naturales dañados a al estado en el que se encontraban antes de que ocurriera el daño.

La obligatoriedad de disponer de esta garantía financiera para las empresas con riesgo ambiental se recoge en la Ley 26/2007, que indica que la cuantía de esa garantía se establece a partir de un Análisis de Riesgos Medioambientales (ARMA), que debe hacerse a través de una entidad acreditada, como es ESOLVE.

Las actividades quedan clasificadas por prioridades en la norma y cada grupo tiene un calendario a cumplir. Mientras que el plazo para las actividades catalogadas como prioridad 1 expiró hace un año, el de las de prioridad 2 vence a finales de este octubre.

En la catalogación de prioridad 3 se encuentran las industrias textil, del cuero, mineral, derivada de la madera, del carbón y agroalimentaria y ganadera, así como el consumo de disolventes orgánicos, el tratamiento de aguas, la captura de CO2 e instalaciones de residuos mineros de categoría A. También están incluidas algunas empresas de instalaciones de combustión, producción y fabricación de metales, gestión de residuos e industria química, aunque con especificaciones.

La presentación de esta garantía financiera es obligatoria y su no constitución puede ser considerada infracción grave, lo que supondría multas de entre 50.000 y 2 millones de euros y la extinción o suspensión de la autorización por un periodo de 1 a 2 años.

ESOLVE ofrece sus servicios a las empresas de diferentes sectores para evaluar y dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Medioambiental y para realizar los Análisis de Riesgos correspondientes, servicio en el que la consultoría es experta. Además, brinda la posibilidad de implantar un programa de mejora ambiental para mitigar los riesgos identificados y así minimizar responsabilidades futuras.

Registrar los suelos contaminados evita riesgos futuros

 Es fundamental contar con un inventario de sitios contaminados para actuar sobre ellos antes de darles un nuevo uso

En Escocia podría haber cientos de antiguos sitios industriales contaminados sin registrar, según ha publicado recientemente la prensa. En todo el país hay registrados un total de 21 terrenos afectados que corresponden a 8 de los 32 concejos que existen. Ciudades como Edimburgo, Dundee y Aberdeen no tienen ni un solo registro de tierra contaminada, ni siquiera Glasgow, potencia industrial del imperio británico.

Tener un registro fiable y actualizado de sitios contaminados es muy importante ya que permite conocer el estado real del suelo y actuar sobre aquellos en que sea necesario, organizando esa actuación por nivel de prioridad, y así evitar que se construyan espacios de uso para las personas en terrenos con riesgo de toxicidad.

En España, los propietarios que transmiten fincas en que se ha realizado alguna actividad potencialmente contaminante tienen la obligación de declararlo. Además, los titulares de actividades potencialmente contaminantes han de remitir a la Comunidad Autónoma la información necesaria para la declaración de suelos contaminados. Con ello, cada Comunidad Autónoma tiene la obligación de elaborar un inventario de los suelos contaminados existentes en su ámbito territorial, basado en la ley de residuos y suelos contaminados, así como una relación priorizada de estos lugares. A partir de esta información, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente ha de elaborar un inventario estatal de suelos contaminados.

La declaración de un suelo como contaminado obliga a realizar las actuaciones necesarias para su recuperación. Esta declaración se cancela cuando se comprueba que ha sido descontaminado.

En el caso escocés, también existe la obligación de los concejos de mantener un registro de tierras contaminadas en su área pero la mayoría de ellos están vacíos y no hay registros centrales a escala estatal, como tampoco lo hay en otros lugares de Reino Unido, algo especialmente importante teniendo en cuenta que se trata de países con una larga historia industrial.

La contaminación del suelo tiene efecto directo en la salud de las personas y el medio ambiente y por ello es fundamental una buena investigación que dé a conocer el estado real de aquellos terrenos en los que se ha llevado a cabo una actividad potencialmente contaminante para evitar posibles riesgos en futuros usos. Hay que recordar que un suelo contaminado puede permanecer en ese estado durante muchos años, por lo tanto, por antigua que fuera la actividad desarrollada en él, la contaminación del sitio perdura. Pero, afortunadamente, se puede remediar.

El suelo, una víctima silenciosa de los incendios forestales

En los fuegos que arrasan miles de hectáreas cada año existe un damnificado al que nadie presta atención pero cuyas consecuencias ecológicas son muy graves: el suelo.

El verano y sus altas temperaturas son las condiciones ideales para la propagación de incendios y por ello en esta época vemos arder terrenos cada año. De entre los más recientes, destaca el de Tarragona, que arrasó unas 6.000 hectáreas de superficie forestal.

El fuego puede tener un sinfín de consecuencias, entre ellas, las más preocupantes son las humanas, ya que es un peligro para la salud y la vida de las personas que se encuentren en la zona incendiada o habiten cerca de ella. También lo es para los animales y la vegetación y puede provocar grandes daños materiales. Pero hay una consecuencia importante que la gran mayoría pasa por alto: el suelo. La erosión tras los incendios forestales provoca una pérdida de suelo que supone el daño ecológico más grave puesto que se trata de la fuente de nutrientes de la vegetación y la fauna. Además, la recuperación de este recurso natural es muy lenta.

Una de las consecuencias que tienen los incendios forestales para el suelo es la erosión, que en los terrenos incendiados aparece fundamentalmente con las primeras lluvias. La impermeabilidad de la superficie se multiplica debido a que el arrastre de cenizas y otras partículas deforma la estructura superficial del suelo, compactándolo y obstruyendo su porosidad. Estas condiciones tienen un elevado potencial erosivo.

La erosión más grave es la química, que hace que el suelo pierda sus nutrientes y merma su fertilidad. Pese a que tras los incendios la materia orgánica se mineraliza y nutre el suelo, este fenómeno dura muy poco y esos nutrientes se pierden rápidamente. La realidad es que la mayoría de los elementos nutritivos se pierden en la atmósfera debido a que la combustión los transforma en volátiles y otros se pierden disueltos en las aguas corrientes, por lo tanto, el suelo pierde fertilidad.

La acción del calor también supone la muerte de muchos organismos, lo cual supone una disminución de la actividad de la actividad biológica del suelo y, por consiguiente, una afectación negativa a los ciclos biogeoquímicos de muchos elementos que dependen de la biota del suelo.

Además de todas las consecuencias directas al suelo que tienen los incendios que hemos comentado, cabe añadir que también provoca la alteración de los recursos hídricos, favoreciendo inundaciones e induciendo la contaminación del agua.

En definitiva, la acción del fuego puede suponer consecuencias muy graves y, en algunos casos, irreversibles para un recurso natural fundamental como es el suelo. Por ello, es importante protegerlo y actuar debidamente en la rehabilitación de las zonas quemadas.

El Informe Base, principio y final de toda actividad potencialmente contaminante

Antes de iniciar una actividad que pueda afectar al suelo, ante cualquier cambio de dicha actividad que pueda afectar al subsuelo y en el momento de su cese, se ha de presentar a la administración el Informe Base del suelo.

El Informe Base es un estudio que determina el estado ambiental del suelo y las aguas subterráneas. El alcance de dicho estudio tiene en cuenta tanto las actividades y usos presentes como los pasados y es imprescindible para solicitar o renovar la Autorización Ambiental Integrada.

Las empresas cuya actividad implica “el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas” que “puedan inducir a la posibilidad de contaminar el suelo y/o las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación” están obligadas a presentar el Informe Base, según recoge la Ley 5/2013.

El Informe Base permite identificar la necesidad de llevar a cabo un Análisis de Riesgos Toxicológicos sobre las personas o ecosistemas. Si durante la investigación se detectan sustancias contaminantes en el suelo que superan los niveles normativos, se debe llevar a cabo dicho análisis mediante el cual se establece si el riesgo es aceptable.

Cabe destacar que el Informe Base debe ir acompañado de una propuesta de Red de Control y Seguimiento del suelo y las aguas subterráneas. Periódicamente se deben llevar a cabo controles en los diferentes puntos de la red con el objetivo de disponer de un sistema de alerta ante cualquier posible afección que permita una actuación rápida y de prevención y evitación de daños al subsuelo (y a terceros).

ESOLVE es una consultoría e ingeniería medioambiental especializada en la investigación y descontaminación de suelos y aguas subterráneas y acreditada por ENAC para esta actividad, garantía de calidad en su servicio. La compañía tiene una amplia experiencia en la elaboración de Informes Base. Los profesionales de ESOLVE guiarán a la empresa en todo el proceso y definirán y ejecutarán los planes de control posteriores al informe según los criterios técnicos y de valoración exigidos por la administración.

Para más información: info@esolve.es

La eliminación del amianto puede suponer riesgos para la salud si no se hace correctamente

Las medidas de seguridad son un factor clave en los proyectos de desmontaje y gestión del amianto y han de realizarse por personal experto.

El amianto es un mineral formado por microfibras que es altamente resistente a la combustión y por ello se utiliza habitualmente en la fabricación de revestimientos. Este material, según han demostrado varios estudios, es cancerígeno. La Organización Mundial de la Salud asegura que “todos los tipos de amianto causan cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario, y asbestosis (fibrosis de los pulmones)”. Por este motivo, en España su uso está prohibido desde 2002 pero puede estar presente en edificaciones e infraestructuras anteriores a esa fecha.

El amianto friable, que suele utilizarse como aislante, se descompone con facilidad. Por el contrario, en el amianto no friable las fibras están mezcladas con otros materiales, el caso más común es el fibrocemento, y, si está en buen estado, no tiene por qué suponer un riesgo para la salud.

El peligro del amianto depende de su estado de conservación y de su manipulación. Los problemas de salud que puede provocar son por la aspiración de las fibras, pero estas fibras solamente pasan al aire si el material no se encuentra en buen estado o si se manipula. Por este motivo, lo más importante es hacer una correcta diagnosis del estado en el que se encuentra el material y, en caso de que sea necesario, eliminarlo con las medidas de seguridad pertinentes.

Es importante que su eliminación se lleve a cabo por profesionales expertos que se encarguen de realizar los trabajos de manera segura, evitando cualquier riesgo para las personas. La primera medida a tomar es aislar la zona de trabajo y proteger a los trabajadores con el traje adecuado así como máscaras, guantes, etc. Seguidamente y antes de comenzar con el trabajo, se ha de humidificar la zona para evitar generar polvo. Una vez que se extrae el amianto, se ha de gestionar el residuo de manera correcta, introduciéndolo en sacos especialmente fabricados para ello, impermeables e irrompibles. Además, debe aspirarse cualquier superficie o material que haya podido estar en contacto con el amianto y humidificarlo de nuevo, así como hacer una limpieza especializada de la ropa utilizada para el trabajo.

ESOLVE se encarga de elaborar proyectos de diagnosis y gestión de amianto de una manera profesional y rigurosa, que salvaguarde la salud de todas las personas implicadas en el proceso.

Afectación al suelo

El amianto también tiene consecuencias en el suelo por culpa de residuos enterrados, ya sea a causa de una mala praxis o de antiguas infraestructuras ubicadas bajo tierra. Por ello, es especialmente importante la investigación del estado del suelo en solares antiguos que se hayan aportado rellenos de origen desconocido, así como en aquellos emplazamientos que han pasado por un proceso de eliminación del amianto o de derribo, ya que la presencia de las fibras de este material en el subsuelo puede suponer un riesgo para la salud en las futuras actividades que se realicen en ese terreno.