26 Oct Jordi Barrachina: “La proximidad con los clientes que nos otorga la sede de Madrid es un valor añadido”
Jordi Barrachina: “La proximidad con los clientes que nos otorga la sede de Madrid es un valor añadido”
El nuevo delegado de la oficina de ESOLVE en Madrid habla de los objetivos de la compañía en la capital y de la apuesta por la gestión de los recursos hídricos que supone su incorporación.
Jordi Barrachina es ingeniero geólogo de formación, con un máster en Administración y Dirección de Empresas y más de 20 años de experiencia en el sector de la gestión y planificación de los recursos hídricos y se ha incorporado a ESOLVE para dirigir la oficina de Madrid, una apuesta de la compañía para seguir creciendo.
- ¿Qué te motivó de ESOLVE para unirte a la empresa?
Es una compañía que conozco desde hace tiempo y he seguido su trayectoria y tiene una serie de valores a la hora de trabajar que comparto y con los que me identifico. Para mí plantea un reto profesional muy interesante dentro de un sector que está en pleno desarrollo y vigencia.
- Llegas para hacerte cargo de la oficina de Madrid, ¿qué objetivos se persiguen?
Queremos potenciar esta sede por dos razones: la primera, estar más cerca de nuestros clientes, ya que muchos de ellos tienen sus centros de decisiones en Madrid, estar presentes con un equipo profesional allí da una proximidad que supone un valor añadido a nuestro servicio. La segunda razón es logística, la centralidad geográfica de Madrid nos va a permitir acceder a cualquier punto del país donde debamos actuar de manera más eficiente. Actualmente disponemos de un equipo profesional en la capital que se está encargando de los trabajos que tenemos en ejecución en la zona centro del país. Esto nos permite seguir creciendo a medida que lo hagan también los proyectos.
- En este ámbito podrás aplicar tu experiencia en la gestión de equipos.
Asumir funciones en esta área me motiva especialmente, en los últimos años ESOLVE está mostrando un crecimiento importante y esto obliga a implementar nuevas herramientas de gestión y desarrollo del talento. En mi trayectoria he tenido a mi cargo equipos importantes y me parece un desafío.
- Vienes del sector de los recursos hídricos, ¿va a ser esa una de las apuestas de ESOLVE tras tu incorporación?
Uno de los objetivos es entrar en el mercado de la ingeniería y la gestión de los recursos hídricos, sobre todo en la vinculación con las aguas subterráneas. La línea clásica de trabajo de ESOLVE tiene varios nexos con la gestión de recursos hídricos subterráneos y queremos aprovechar esta unión de los dos mundos para ampliar nuestro portfolio de servicios y acceder al sector de los recursos hídricos que va a tener mucho futuro y mucha significación en los próximos años por diversos motivos, entre ellos, el cambio climático.
- Uno de los grandes retos del sector actualmente es el de los contaminantes emergentes. ¿Cómo se está trabajando en ESOLVE en ese tema?
Nos encontramos ante un problema que va a tener una gran repercusión y que va a requerir de grandes esfuerzos en los próximos años. Estar preparados para analizarlos, para caracterizarlos y para proponer medidas para su remediación es uno de los puntos que merecen mayor atención.
ESOLVE tiene actualmente varios proyectos de investigación en marcha sobre contaminantes emergentes, especialmente PFAS, en los que colabora con universidades y centros de investigación con el fin de conocer a fondo su comportamiento y estudiar las posibilidades de remediación que existen. En EEUU ya están regulados en el suministro de agua y en Europa lo estarán próximamente, por lo que estar en la vanguardia de las técnicas de caracterización y tratamiento de este tipo de compuestos será una gran ventaja en un futuro cercano.
- Otra de las grandes apuestas de la empresa es apostar por técnicas de remediación sostenibles.
Sí, ESOLVE hace años que apuesta por métodos de remediación que tengan el mínimo impacto, como empresa ambiental que somos tenemos prioridad por las soluciones lo más verdes posibles y estamos trabajando en remediaciones sostenibles, así como en temas de economía circular.
Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) son contaminantes emergentes de gran interés a escala mundial porque existe evidencia de sus efectos perjudiciales para la salud humana. Se trata de un grupo de agentes químicos utilizado en una variedad de industrias en todo el mundo, especialmente en aplicaciones para recubrimientos textiles, en utensilios de cocina o en materiales de construcción, y son sumamente persistentes en el medio ambiente y en el cuerpo humano; es decir que no se degradan y pueden acumularse con el paso del tiempo. Recientemente, los PFAS se han considerado en la propuesta de la nueva Directiva de agua potable de la UE con un valor límite de 0,1 μg/L para PFAS individual y 0,5 μg/L para PFAS en total. En Europa se han reportado varios sitios con aguas contaminadas por PFAS que exceden los valores antes mencionados.
La Directiva Europea 2000/60/CE establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y supone un reto, tanto para España como para al resto de países de la UE, por el objetivo de conseguir el buen estado de las masas de agua en el plazo marcado. Centrándonos en las aguas subterráneas en España la sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación difusa por nitratos son los principales escollos a superar. De hecho, la mayoría de los borradores de los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027 publicados —y que actualmente se encuentran en fase de exposición pública—, focalizan sus actuaciones y esfuerzos en las aguas subterráneas en la problemática de la contaminación por nitratos.
Las soluciones globales pasan, exclusivamente, por el establecimiento de redes de control para poder monitorizar en detalle la evolución de la contaminación y, sobre todo, la implantación de prácticas agrarias y ganaderas que limiten el uso excesivo de fertilizantes y la disposición inadecuada de las deyecciones ganaderas. En emplazamientos focalizados se puede plantear la utilización de métodos de biorremediación para reducir las concentraciones de nitratos, con el objeto de limitar la afección de una posible contaminación en pozos de abastecimiento de agua potable o bien, plantear técnicas y tratamientos específicos para rebajar la concentración de nitratos en aguas ya captadas y que vayan a ser inyectadas en redes de abastecimiento.
La nueva norma tiene el objetivo de alargar la vida de los residuos lo máximo posible, reduciendo su depósito en vertederos. Cabe destacar que según datos de la Memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos de Competencia Municipal de 2018 publicada por el Ministerio de Transición Ecológica, España generó en ese año (las últimas cifras disponibles) más de 20 millones de toneladas de residuos urbanos, de los que el 53,4% acabaron en un vertedero, mientras que tan solo el 18% se destinaron a reciclaje y el 17% a compostaje. El 11,6% restante fueron incineradas. Estos datos colocan a nuestro país a la cola de Europa en materia de gestión de residuos.
La nueva ley de residuos y suelos contaminados también incluye un plan para eliminar el amianto de los edificios, que obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada antes del 1 de enero de 2023. Esta medida se ajusta a las directrices de la Unión Europea, que establece como objetivo para 2032 la localización y el desmantelamiento de todas las instalaciones e infraestructuras que contengan amianto.
La Ley 26/2007 establece la responsabilidad de las empresas (en la terminología de la ley, Operadores), en relación a los daños ambientales producidos o que puedan producirse, imponiéndoles determinadas obligaciones preventivas, y, en su caso, reparadoras. La indicada ley, que tiene como antecedentes el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental, así como la Directiva 2004/35/CE, prevé un despliegue paulatino, de forma que determinadas obligaciones serán imperativas a partir del mes de octubre de 2021.
La normativa se aplica tanto a los daños medioambientales como a las amenazas inminentes de que ocurran cuando hayan sido causados por cualquier empresa en el Anexo III de la ley, independientemente de que tenga o no culpa o exista negligencia por su parte. También se aplican las obligaciones de la ley a otras actividades no previstas en el Anexo III cuando sí exista culpa o negligencia o cuando puedan exigirse medidas de prevención y evitación.
El contenido de la Responsabilidad de los Operadores está definida en el artículo 9 y esencialmente los obliga a establecer medidas de prevención, evitación y reparación y a cooperar con las autoridades competentes, además de ampliar la responsabilidad a otras empresas del grupo, en caso de grupos de sociedades (art. 10).
La falta de cumplimiento de tales obligaciones puede comportar la entrada en juego del régimen sancionador de la ley, que prevé multas para las sanciones muy graves de 50.001 a 2.000.000 euros y para las sanciones graves de 10.001 a 50.000 euros.
La Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 anunció la adopción de una nueva estrategia de suelos en 2021 a causa de la degradación a la que están sometidos «debido a la gestión insostenible, la sobreexplotación, el cambio climático y la contaminación”, declara la Comisión Europea en una nota. El objetivo es abordar de manera integral los problemas relacionados con el suelo y la tierra y restaurar a un “estado saludable” la misma cantidad de suelo que ha sido degradado por actividad humana. Para el desarrollo de esta nueva estrategia, la CE ha puesto en marcha una 
