28 Mar El Gobierno convocará subvenciones para la digitalización del ciclo del agua
El Gobierno convocará subvenciones para la digitalización del ciclo del agua
Las subvenciones previstas en el PERTE incluyen a la industria, el regadío y el ciclo urbano del agua
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, un plan para transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua en nuestro país, tanto en el ciclo urbano como en el regadío y la industria. El proyecto, que se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19 y construir un futuro más sostenible, movilizará más de 3.000 millones de euros, entre fondos públicos y privados.
Este PERTE llega en un momento de creciente conciencia sobre la importancia estratégica del agua y sobre la necesidad de reforzar la respuesta ante los efectos adversos del cambio climático. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor estrés hídrico, en los próximos años se prevén disminuciones de hasta el 25% del recurso en todo el país y del 40% en el sureste peninsular para finales de siglo.
El proyecto define diversas líneas de actuación, entre las que destaca la puesta en marcha de ayudas para impulsar la digitalización del ciclo urbano del agua, el regadío y la industria. Aún están por definir las convocatorias a estas ayudas, pero se prevé que el sector industrial se beneficie de una subvención de 200 millones de euros para la digitalización del agua con el objetivo de reducir consumos y mejorar la gestión de los vertidos industriales. El resto de subvenciones irán destinadas a programas de ayuda y a la mejora de la digitalización de los usuarios urbanos y agrícolas, los cuales representan, aproximadamente, el 95% del consumo de agua en España, así como a la digitalización de los organismos de cuenca para monitorizar y controlar la cantidad y calidad de los recursos hídricos en el medio.
Esta apuesta por el desarrollo tecnológico y la innovación en el ciclo del agua es necesaria y está alineada con el trabajo que se está llevando a cabo desde diferentes sectores, como es el caso de ESOLVE, que desde hace años está desarrollando proyectos de sensorización y telecontrol del agua, principalmente en el ámbito industrial, así como en el medio natural, especialmente en las aguas subterráneas. Estos trabajos se basan en la colocación de sensores que aportan datos fiables en tiempo real sobre de la calidad y cantidad del agua para, así, poder tomar decisiones y actuar de la manera más adecuada en todo momento. Además, es una herramienta para la optimización y mejora del consumo energético, lo que permite cumplir con los estándares ambientales y de sostenibilidad.
El PERTE incluye también la creación del Observatorio de la Gestión del Agua en España, una herramienta de gobernanza que permitirá mantener toda la infraestructura digital que se va a implantar y dará cobijo a la publicación de una plataforma web para aumentar la transparencia en el sector, así como la elaboración de guías técnicas, recomendaciones y materiales divulgativos sobre el proceso de digitalización, programas de innovación y de formación para el personal implicado la gestión del agua y la puesta en marcha de proyectos concretos de I+D+i.
Queremos potenciar esta sede por dos razones: la primera, estar más cerca de nuestros clientes, ya que muchos de ellos tienen sus centros de decisiones en Madrid, estar presentes con un equipo profesional allí da una proximidad que supone un valor añadido a nuestro servicio. La segunda razón es logística, la centralidad geográfica de Madrid nos va a permitir acceder a cualquier punto del país donde debamos actuar de manera más eficiente. Actualmente disponemos de un equipo profesional en la capital que se está encargando de los trabajos que tenemos en ejecución en la zona centro del país. Esto nos permite seguir creciendo a medida que lo hagan también los proyectos.
Nos encontramos ante un problema que va a tener una gran repercusión y que va a requerir de grandes esfuerzos en los próximos años. Estar preparados para analizarlos, para caracterizarlos y para proponer medidas para su remediación es uno de los puntos que merecen mayor atención.
Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) son contaminantes emergentes de gran interés a escala mundial porque existe evidencia de sus efectos perjudiciales para la salud humana. Se trata de un grupo de agentes químicos utilizado en una variedad de industrias en todo el mundo, especialmente en aplicaciones para recubrimientos textiles, en utensilios de cocina o en materiales de construcción, y son sumamente persistentes en el medio ambiente y en el cuerpo humano; es decir que no se degradan y pueden acumularse con el paso del tiempo. Recientemente, los PFAS se han considerado en la propuesta de la nueva Directiva de agua potable de la UE con un valor límite de 0,1 μg/L para PFAS individual y 0,5 μg/L para PFAS en total. En Europa se han reportado varios sitios con aguas contaminadas por PFAS que exceden los valores antes mencionados.
La Directiva Europea 2000/60/CE establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y supone un reto, tanto para España como para al resto de países de la UE, por el objetivo de conseguir el buen estado de las masas de agua en el plazo marcado. Centrándonos en las aguas subterráneas en España la sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación difusa por nitratos son los principales escollos a superar. De hecho, la mayoría de los borradores de los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027 publicados —y que actualmente se encuentran en fase de exposición pública—, focalizan sus actuaciones y esfuerzos en las aguas subterráneas en la problemática de la contaminación por nitratos.
Las soluciones globales pasan, exclusivamente, por el establecimiento de redes de control para poder monitorizar en detalle la evolución de la contaminación y, sobre todo, la implantación de prácticas agrarias y ganaderas que limiten el uso excesivo de fertilizantes y la disposición inadecuada de las deyecciones ganaderas. En emplazamientos focalizados se puede plantear la utilización de métodos de biorremediación para reducir las concentraciones de nitratos, con el objeto de limitar la afección de una posible contaminación en pozos de abastecimiento de agua potable o bien, plantear técnicas y tratamientos específicos para rebajar la concentración de nitratos en aguas ya captadas y que vayan a ser inyectadas en redes de abastecimiento.
La nueva norma tiene el objetivo de alargar la vida de los residuos lo máximo posible, reduciendo su depósito en vertederos. Cabe destacar que según datos de la Memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos de Competencia Municipal de 2018 publicada por el Ministerio de Transición Ecológica, España generó en ese año (las últimas cifras disponibles) más de 20 millones de toneladas de residuos urbanos, de los que el 53,4% acabaron en un vertedero, mientras que tan solo el 18% se destinaron a reciclaje y el 17% a compostaje. El 11,6% restante fueron incineradas. Estos datos colocan a nuestro país a la cola de Europa en materia de gestión de residuos.
La nueva ley de residuos y suelos contaminados también incluye un plan para eliminar el amianto de los edificios, que obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada antes del 1 de enero de 2023. Esta medida se ajusta a las directrices de la Unión Europea, que establece como objetivo para 2032 la localización y el desmantelamiento de todas las instalaciones e infraestructuras que contengan amianto.